¿SE PUEDE VOLVER A EMPEZAR EN LA REALIDAD DIGITAL?

El derecho al olvido es un concepto que nació para proteger la privacidad en el mar de datos de Internet. Apunta a que todos tenemos la facultad, ante condena cumplida, de partir de cero y no ser estigmatizados por actos pasados. El problema reside en que la naturaleza misma de la red y la libertad con la que la información circula por ella dificultan la garantía de este derecho. 

En el año 2007, estudiantes de secundaria de una escuela de La Reina grabaron un video de connotación sexual, que pasaría a ser recordado en la memoria colectiva como“Wena Naty”.  En este video no hay más delito que el del alumno que lo subió a Internet y de quienes lo compartieron. Sin embargo, el estigma de su aparición persigue hasta el día de hoy a la estudiante filmada, que terminó siendo protagonista involuntaria de un video de pornografía infantil. El impacto psicológico y la presión social que ha recaído sobre ella la tuvo a punto de cambiarse legalmente el nombre, como última instancia de renunciar a una identidad mancillada por el actuar de terceros. La Brigada del Cibercrimen intervino y declaró que la difusión del material constituye un delito, mas esto no impidió que el video alcanzara rápidamente más cien mil vistas, y que, a más de una década del que fuera considerado uno de los primeros virales chilenos, sus réplicas e imitaciones suman decenas de millones de reproducciones en distintas plataformas, cada una de ellas haciendo más y más eco en una instancia en que la víctima solo precisa silencio.

En Europa, un caso menos dramático revolucionó el derecho al olvido. Una búsqueda en Google de “Costeja González”  devolvía dos artículos del diario La Vanguardia en los que se mostraba una subasta de inmuebles por deudas a Seguridad Social. La Agencia Española de Protección de Datos consideró que Google era responsable de sacar esa información, que perjudicaba a una persona que ya había saldado sus deudas.  En contra de esto se arguyó que el buscador de Google es esencial para ejercer el derecho fundamental a la información, y que no debían ni censurarse ni suavizar sus contenidos.  Además de que, si bien el buscador trata datos de la web, no es responsable del contenido que se publica.

Ante esto, el catedrático de derecho constitucional de la Univesitat de Valencia, Lorenzo Cotino Hueso esgrime que la garantía institucional reconocida clásicamente a los medios de comunicación social ya no solo debe atribuirse a estos, sino que también debe reconocerse especialmente a determinados prestadores de servicios de la sociedad de la información. Qué duda cabe que Google, YouTube o Wikipedia son elementos esenciales para el acceso a la información en la actualidad. Tan fundamentales son estas plataformas en la experiencia que un usuario promedio tiene de la Internet que sus responsabilidades parecen ineludibles.

La ONU considera que la libertad de expresión se aplica a Internet de la misma forma que a todos los medios de comunicación y que restringirlo solo es aceptable cuando este prevista por ley y persiga una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional.

El Efecto Streisand

En el caso de Costeja, Google no eliminó el resultado del índice, pero sí lo escondió para que cuando alguien buscara por el nombre completo de la persona afectada, no apareciera.  Pero al cambiar las palabras clave de la búsqueda, sí podría aparecer. De todas formas este fallo dictado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea convirtió a Mario Costeja en una celebridad en línea, provocando el llamado Efecto Streisand al pedir que Google borrara de su base de datos la url de esa nota de La Vanguardia.

El Efecto Streisand es el fenómeno de Internet en que un intento de censura o de esconder información se difunde, recibiendo más notoriedad de la que habría recibido si no se hubiera intentado acallar. El término debe su origen a la actriz Barbra Streisend, que en 2003 denunció al fotógrafo Kenneth Adelman y a la página de fotografías pictopia.com por la publicación de un imagen aérea de su casa, alegando su derecho a privacidad. El fotógrafo contestó que solo estaba mostrando la erosión de la costa de California. Con la denuncia Streisand consiguió que la imagen se difundiera aún más y tuviera mucho más impacto mediático que el que hubiera tenido la publicación original.

Del mismo modo, después de la declaración del Tribunal hoy es posible encontrar más de 7 mil resultados sobre el caso Costeja. Porque si se borra de un servidor, no implica que las personas puedan subir copias a distintos servidores para generar más vías de entrada a esa información.

La web 3.0 

Hoy no existe un proceso legislativo que garantice un volver a empezar en la realidad digital y que tenga sensibilidad con los casos mediáticos y el efecto Streisand. En una web 3.0 en que existen diferentes servidores, donde replicar una información es tremendamente fácil y el caché también puede ayudar a preservarla, borrar una huella digital es muy difícil.

Una alternativa puede ser la tecnología TMP (Trusted Platform Module), conocida también como Fritz Chip. Este es un chip, creado originalmente para prevenir la piratería, que está en todos los computadores y en la mayoría de los smartphones y tablets, y que permite acceder a ellos de manera remota y así bloquear un contenido o archivo. Ahora bien, aunque esto pudiera ser la solución para regularizar el derecho al olvido, implanta otra serie de discusiones éticas; pues al acceder a un dispositivo electrónico personal de alguien y borrar sus archivos se quebrantan una serie de barreras de privacidad, las que además podrían dar manga ancha a un nuevo tipo de censura virtual, amplia, sofisticada y compleja, como el lado oscuro de la útopica democracia virtual.

Una alternativa posible es programar la información de cada página para excluir de las búsquedas la información que se quiere eliminar. Así, los datos que cada página entrega al buscador no se incorporarían a los índices de este y no aparecerían en búsqueda. Es una solución simple, aunque implica que los tribunales le den autorización a los webmasters para implementarla, y el conocimiento técnico sobre el tema aun es limitado. Además, los buscadores ya generan copias de todos los contenidos que han incorporado a sus índices de búsqueda, lo que obliga a realizar la borradura de más procesos y copias, y que no garantiza que, en un caso como el de Naty, otros medios o usuarios no suban copias del contenido, haciendo que este vuelva a aparecer en buscadores.

La interrogante es tan compleja como las tecnologías involucradas y, mientras se mantenga sin resoluciones ni regulaciones claras, llama a estar especialmente atentos con la conducta personal en línea y con la responsabilidad de los medios que publican información en la red, pues la divulgación pública de un contenido privado puede terminar haciendo eco por años o incluso décadas.

*Este artículo fue basado en el libro ‘Google: derecho al olvido y desafíos éticos en el escenario mediático digital’ de María José Labrador y Edward Carter. Entérate más sobre esta temática aquí.

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